Las ayudas al alquiler siguen sin carburar. Casi dos meses después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, anunciase que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalaría microcréditos para que los inquilinos afectados por el coronavirus pagasen el alquiler, la concesión de estos préstamos es todavía testimonial. Y según fuentes del sector financiero, no están despertando demasiado interés entre los arrendatarios.
Por el momento, solo seis entidades ofrecen estos microcréditos: Caja Onteniente, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca y Unicaja. Son las únicas que han firmado el convenio con el ICO que les habilita para conceder las ayudas, que no entrañan gastos ni intereses para los solicitantes y cubren un máximo de 5.400 euros (900 euros mensuales durante seis
mensualidades).
Desde el sector financiero explican que, dado que solo seis entidades han suscrito el acuerdo con el ICO, todavía es pronto para cuantificar el impacto de la ayuda y si se están rechazando muchas solicitudes. Estas mismas fuentes confían en que en los próximos días más bancos suscriban el acuerdo con este organismo, aunque creen que el proceso será largo y costoso. Además, aseguran que «no hay mucho cliente preguntando por este tipo de préstamos».
Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el ICO, aseguran que su labor en este asunto «está completa» y ahora falta que los bancos adapten estas iniciativas a esta operativa. Tal y como informó ABC, las entidades, ahora mismo saturadas con la tramitación de los créditos avalados también por el ICO para empresas, deben adoptar ese nuevo producto a sus sistemas informáticos.
Una vez asumida la línea, las entidades financieras empezarán a recibir las solicitudes, las estudiarán y las aceptarán o no, lo que puede demorar unos días. El inquilino, por su parte, deberá aportar al realizar su petición cierta documentación que acredite que cumple los requisitos decretados por el Ejecutivo, entre los que se encuentran no contar con una vivienda en propiedad, destinar más del 35% de los ingresos al pago del alquiler y contar con unas rentas inferiores a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (Iprem), lo que supone 2.689 euros.
Demoras
La implantación de estos micropréstamos se ha convertido en una odisea. En un primer momento, la elaboración de las ayudas en el seno del Gobierno fue tensa y se extendió durante días, sobre todo por las discrepancias que tienen en este asunto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Una vez acordadas, el Gobierno publicó en el BOE del 1 de abril el programa de ayudas, pero aseguró que las condiciones para acceder a él deberían concretarse en una orden ministerial. La orden no se publicó hasta un mes más tarde, el 1 de mayo, lo que obligó al Ejecutivo a aprobar estos micropréstamos con carácter retroactivo desde el 1 de abril.
Los créditos podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre y formalizarse hasta octubre. El Gobierno, sin embargo, ha dejado la puerta abierta para que este plazo se amplíe hasta el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, respectivamente, por las demoras registradas. El Ejecutivo ha puesto a disposición del ICO 1.200 millones de euros en garantías, aunque interrumpirá la ayuda cuando el Estado pague 112 millones en intereses a las entidades bancarias, que cobrarán un 1,5% al estado por cada crédito. Los inquilinos podrán devolver estos incentivos al Estado en un plazo de diez años.
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